Se trata del motín de Barcelona de 1789 por la subida del precio del pan. Estalló el 28 de febrero y duró hasta 3 de marzo, pero contó con un precedente en Vic, y una prolongación en Mataró. La represión se extendió hasta después del verano.
Fue iniciado por mujeres y dio pie a manifestaciones populares por decenas, en “cuadrillas” reclamando ante el edificio principal de gobierno y justicia (Palacio real), con reincidencia los días siguientes. Hay constancia de algunos líderes y listados de ajusticiados. No se centró solo en el precio del pan sino también su calidad, y logró bajadas de precios, el cese del gobernador de Cataluña y la revisión de normativas sobre el abastecimiento del grano y el pan, pero como concesiones ad hoc y sin implicar un cambio en la política de libertad de comercio de pan vigente desde 1765. Las reclamaciones se extendieron a otros productos y se reorientaron a la liberación de los detenidos, con evolución de eslóganes desde el básico “¡Pan, pan, pan!” hacia “¡Justicia!”.
Se produjo violencia popular en forma de quema de barracas de venta de pan y hornos, así como el saqueo de viviendas de arrendadores del pan, aunque contenido por otros participantes. También una mediación eclesiástica, cuyo fracaso implica la ruptura de la comunicación y el viraje rápido hacia la intervención militar, con mucha violencia indiscriminada de soldados por la vigencia de la pragmática contra motines de 1774. Se estableció una gobernanza corporativo-institucional en busca de pacificación, con implicación eclesiástica y ritual religioso, así como de nobleza, ciudadanos y gremios de artesanos con rondas diurnas y nocturnas en apoyo del ejército. Se decretó el cierre de las puertas de la ciudad y la prohibición de reuniones en espacio público.
El caso permite estudiar marcos de significado en evolución y ampliación a lo largo de la protesta, aunque partiendo de una alta politización desde el arranque al redefinir a la máxima autoridad como enemigo (traidor) por ir contra el pueblo. También permite analizar el cambio en el repertorio de acciones (apedreamientos, toque de campanas…) y el discurso de injusticia. La crisis generada tuvo alcance constitucional, forzando la reunión de las diferentes instancias de gobierno local con representación popular y las regional-central civil, judicial y militar en forma de una Junta excepcional, que entraron en conflicto por la fijación del relato y su implicación en la resolución del conflicto.
Observadores y testigos privilegiados incluyeron relatos en diarios privados. La bibliografía sobre la revuelta es escasa pero suficiente, y no parece haber mucha documentación no trabajada por explorar. La información reunida permite revisar las interpretaciones tradicionales sobre los motines de subsistencia, pues no había escasez de pan, y fijar la atención en otros factores (la economía política del comercio de pan tras la liberalización de 1765, contradictoria con la intervención institucional; la transformación de la composición social de la ciudad por el auge de las factorías textiles; la posición nodular de las mujeres trabajadoras en ese contexto de cambios sociales y urbanísticos; la reciente ceremonia de exequias por la muerte del rey Carlos III; y la trayectoria de conflictos entre instituciones locales gremiales y el poder central, en la estela del motín de 1766 contra la libertad de comercio de pan y los avalots de 1773 contra el reclutamiento militar ).
